14/10/09

CCIODH – boletín actualizado

Boletín de prensa nº 43.

El sistema mexicano penaliza a las víctimas

y protege a los responsables de violaciones a los ddhh

Barcelona, a 13 de octubre de 2009.

El sistema mexicano penaliza a las víctimas mientras protege, cuando no premia, a los responsables de violaciones a los derechos humanos

Recientes resoluciones de los órganos de procuración e impartición de justicia en México demuestran una vez más la existencia de una política de estado que, mediante la simulación de un escrupuloso respeto a la ley, sólo consigue asegurar la impunidad de los responsables directos e intelectuales de graves violaciones de los derechos humanos. Por el contrario, ese mismo sistema de procuración e impartición de justicia se muestra implacable con los luchadores sociales que se oponen a las políticas gubernamentales de forma legítima y pacífica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el caso Oaxaca

Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia afronta la discusión del caso Oaxaca a partir del proyecto de dictamen elaborado por el Ministro Mariano Azuela. La propuesta exonera de toda responsabilidad a las autoridades y funcionarios tanto estatales como federales que participaron en la represión del movimiento social oaxaqueño durante 2006 y 2007. Tras un análisis aparentemente riguroso y ajustado a la ley, el proponente en realidad descontextualiza lo ocurrido en Oaxaca hasta el punto de pretender que los poderes públicos no tuvieron otro remedio que utilizar de manera legítima la fuerza para restablecer « el orden y la paz social » tras meses de « paciente » negociación con el movimiento social oaxaqueño.

En el proyecto del Ministro Azuela faltan datos y hechos constatados por diversas organizaciones de derechos humanos y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Si los hubiera incorporado, la Suprema Corte tendría un panorama bien distinto, como ha constatado la propia CCIODH en sus dos visitas a la entidad: el objetivo de los órganos de poder era destruir un movimiento social legítimo y pacífico. Para ello se valió de detenciones selectivas de líderes sociales, secuestros y detenciones ilegales, manejo político como amenaza de órdenes de aprehensión muchas veces sin fundamento, exilio forzado por amenazas de muerte, detenciones masivas y encarcelamiento prolongado de cientos de personas que finalmente han sido exoneradas de cualquier delito, tortura, violaciones, dilación y desobediencia de los jueces del fuero común en la aplicación de los amparos emitidos por jueces federales, imputaciones falsas a miembros del movimiento para encubrir a funcionarios públicos … y decenas de homicidios de indiscutible carácter político que nunca han sido resueltos por la justicia estatal y federal. Es significativo el caso de Brad Will con la detención y procesamiento de Juan Manuel Martínez Moreno como responsable de este homicidio en contra de las evidencias y testimonios que acusan a funcionarios públicos municipales como los autores del hecho.

No será aplicando el principio de presunción de inocencia a los poderes públicos como la Suprema Corte alcanzará la verdad. Tampoco desechando los testimonios de las víctimas al tiempo que no cuestiona la veracidad de los partes policiales. Con un dictamen de estas características lo único que se consigue es legitimar la represión.

El ministro Azuela considera que los poderes públicos intervinieron de forma legítima para restaurar el orden social y la libertad ciudadana, derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar. La pregunta que cabe hacerse es si es posible que en un contexto de terror político como el que vivió Oaxaca se puede ejercer el derecho que todo ciudadano tiene siempre de cambiar de modo pacífico sus órganos de gobierno.

Atenco y Chiapas : no hay justicia para las víctimas

Hace pocos días la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres, después de más de tres años de investigación, notificó la resolución sobre denuncia presentada por 11 mujeres por tortura y violencia sexual durante los hechos de Atenco. En esta resolución la Fiscalía trasladaba la denuncia a la Procuraduría del Estado de México por considerar que los 34 policías señalados son estatales y no poder imputar a ningún agente federal.

Se da el caso de que la procuraduría estatal ya ha dado el caso por cerrado, condenándose a un solo agente por « actos libidinosos » a una pena de 3 años de prisión que ha sido sustituída por una multa. En el resto de casos, los acusados han sido exonerados por un amparo de la justicia federal que detectó errores inadmisibles en el procedimiento, procedimiento que fue tramitado por la misma Procuraduría Estatal, la misma que también asesoró a los agentes en el amparo que acabó otorgándoles la libertad sin cargos.

Este es un caso aberrante de juez y parte en el que, aplicando las garantías a las que todo procesado tiene derecho, se consagra la injusticia y la impunidad. Una vez más, exonerando a los responsables directos de la represión, los responsables políticos, en este caso paradigmático también responsables últimos del procedimiento, se aseguran asimismo la impunidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres y la misma Suprema Corte en su dictamen han señalado que hubo tortura y violaciones. La pregunta que cabe hacerse es qué órgano jurisdiccional debe imputar, procesar y condenar los responsables directos y los responsables intelectuales, por acción u omisión, de estos delitos.

En este mismo caso, las propias víctimas fueron consignadas e ingresadas en prisión por largos períodos y en muchos casos liberadas con posterioridad libres de cargos. Contrasta también la inoperancia de la procuración de justicia con la dureza de las condenas contra los luchadores sociales de San Salvador Atenco, a los que estado mexicano ha sentenciado a permanecer en prisión por 30, 65 ó 110 años.

Desgraciadamente, los hechos se repiten: se espera para los próximos días la resolución de la SCJN que afectará al caso de 31 personas condenadas por la Masacre de Acteal. Por defectos en el procedimiento ya fueron liberadas recientemente 20 personas y todo hace suponer que lo mismo ocurrirá en esta nueva resolución.

Esta comisión ha defendido siempre que el sistema de procuración e impartición de justicia debe asegurar el derecho al debido proceso de cualquier imputado en una causa penal. Pero lo que la Suprema Corte no debe hacer en ningún caso es exonerar de facto con sus resoluciones a asesinos confesos que han sido reconocidos por las víctimas, sino buscar el procedimiento adecuado para que la reparación de una injusticia no consagre otra mayor.

Porque la injusticia y la impunidad provocan que los hechos se repitan una y otra vez: en estos días se cumple un año de la masacre de Chinchultik en el estado de Chiapas con el resultado de 6 indígenas asesinados en un operativo policial sin que a día de hoy se haya dado satisfacción ni se haya establecido justicia sobre estos hechos tan graves, cuya responsabilidad depende del gobierno del estado.

El circulo de la impunidad de la justicia mexicana

El ascenso en la carrera judicial o política de personas con responsabilidad en la investigación y protección de los derechos humanos, atendiendo más a los compromisos políticos que a su verdadera responsabilidad y competencia es un freno para la auténtica justicia. Así se ha manifestado ante los recientes nombramientos del nuevo responsable de la Secretaría de Gobernación, la Procuradoría General de la República o la presidencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso.

Por el contrario, los defensores de los derechos humanos sufren hostigamiento y amenazas que entorpecen su actividad sin que estos casos sean investigados con la celeridad y exigencia necesarios.

Esta situación de abandono hace que finalmente las víctimas de estos atropellos no tengan otras vías que recurrir al sistema internacional de justicia, como sucede en el caso de Acteal y en el de las mujeres de Atenco.

Todo ello conforma un panorama muy grave en el que los conflictos sociales, lejos de afrontarse las causas que los generan, son tratados como meros asuntos de orden público mientras se criminaliza a los opositores aplicándoles medidas represivas desmedidas y ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Esta política hace crecer una espiral de violencia e impunidad que en vez de resolver los problemas no hace sino agravarlos. Desgraciadamente, este diagnóstico que describimos y comprobamos en los conflictos de Oaxaca, Chiapas y Atenco, es hoy en día comparable a otras situaciones en el resto de la República

Como expresión de parte de la sociedad civil internacional, llamamos a la defensa y la vigilancia de los derechos humanos individuales y colectivos frente a estos abusos del poder contra las comunidades y las personas que luchan de forma legítima por mejores condiciones de vida y un mundo mejor para todos.

Comisión de prensa

Boletín de prensa nº 42.

Se reactiva la actividad paramilitar

y las agresiones a comunidades y defensores de ddhh

La impunidad reactiva la actividad paramilitar y las agresiones contra las comunidades indígenas en resistencia así como en contra de los defensores de los derechos humanos en Chiapas

Barcelona, a 21 de septiembre de 2009

El estado de Chiapas está viviendo una escalada de la actividades violentas de organizaciones denunciadas reiteradamante como paramilitares, al mismo tiempo que se emprende una campaña contra los defensores de los derechos humanos. La situación se puede calificar de muy grave pues se han registrado denuncias en diferentes zonas y se ha constatado un uso cada vez más frecuente y público de armas de fuego por parte de los agresores.

La impunidad con que se dan estas actuaciones provoca que aumenten sus actividades sin que haya ninguna respuesta por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Aunque las denuncias aportan datos claros de las personas y de las autoridades civiles o policiales que intervienen o están presentes durante las agresiones, el tiempo transcurre sin que se abran investigaciones policiales o judiciales que señalen responsabilidades en los graves delitos cometidos.

Por el contrario, las denuncias señalan la connivencia de las autoridades, especialmente del Gobierno del Estado de Chiapas, alentando la actividad paramilitar que tiene como objetivo neutralizar las justas demandas de las comunidades en contra de los proyectos de infraestructuras planeados y desarrollados contra su voluntad y sin que respete su derecho a ser consultados en todo lo que afecte a su territorio.

En este sentido, los intentos de las autoridades y de algunos medios por presentar los hechos como una confrontación entre indígenas por motivos religiosos o de posesión de la tierra, no hacen sino esconder los motivos auténticos del conflicto que exigen resolver las causas y atender las demandas de autonomía de las comunidades indígenas.

La agresión en la comunidad de Jotolá el pasado 18 de septiembre contra de Ricardo Lagunes Gasca, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el ejercicio de su trabajo, y contra miembros de la comunidad que salieron en su defensa es la consecuencia de estas políticas.

La sentencia de la SCJN sobre el caso Acteal con la puesta en libertad de 20 de los condenados como autores de la masacre, añade otro motivo de preocupación y alerta a esta frágil situación, en un contexto, tantas veces señalado, de guerra de baja intensidad.

Una vez más, nos manifestamos contra estos hechos, exigiendo a las autoridades correspondientes que asuman su responsabilidad para evitar que se produzcan y castigar a los culpables.

Por último, llamamos a la sociedad civil a estar atenta a lo que pueda ocurrir y se movilice contra estas violaciones graves a los derechos humanos individuales y colectivos, en el camino hacia la consecución de una paz con justicia y dignidad.

Listado de denuncias:

18 de septiembre: El Centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas, denuncia que paramilitares de la OPDDIC, con la protección del gobierno del estado, emboscan y agreden a miembro del Frayba y hieren de bala a ejidatario de San Sebastián Bachajón.

http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/090918_30_agresion_paramilita…

http://www.frayba.org.mx/archivo/acciones_urgentes/090910_au_06_actualiz…

La Realidad, 8 de septiembre: La Junta de Buen Gobierno « Hacia La Esperanza », denuncia las Agresiones y Provocaciones de personas de la Organización ACIAC con afiliación al Partido Acción Nacional (PAN) a la comunidad de Che Guevara municipio autónomo Tierra y Libertad, así como los planes de instancias del mal Gobierno Municipal, Estatal y Federal.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2395

La Garrucha, 3 de septiembre: La Junta de Buen Gobierno « Hacia un Nuevo Amanecer », denuncia agresiones por parte de la OPDIC en el predio Casa Blanca, terreno ocupado en 1994, por parte de miembros de las organizaciones ARIC Oficial y ARIC Histórica en relación con miembros de OPPDIC del poblado San Jacinto con el resultado de ocho personas heridas y una persona fallecida.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2386

San Cristóbal de las Casas, 20 de agosto: Centro de ddhh Fray Bartolomé de las Casas, Boletín sobre Acteal, Mitzitón, Bachajón y Jotolá

http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/090820_29_desinformacion_y_en…

http://www.frayba.org.mx/archivo/denuncias/090820_denuncia_publica_ssb_m…

Morelia, 28 de junio: La Junta del Buen Gobierno « Corazón del arco iris de la esperanza », denuncia las provocaciones e intento de desalojo en el poblado autónomo 16 de febrero

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/2047

Boletín de prensa nº 41.

Caso Acteal: No hay justicia en México,

la impunidad se ratifica

Barcelona, a 7 de agosto de 2009

Caso Acteal: No hay justicia en México, la impunidad se ratifica

A diez años de Acteal, 29/10/2007

La falta de independencia del Poder Judicial: las dificultades en el acceso a los tribunales de los sectores sociales más desfavorecidos y su uso interesado por representantes gubernamentales han provocado una profunda desconfianza hacia la Justicia. Con frecuencia jueces y tribunales se pliegan a las exigencias gubernamentales al decidir sin fundamento suficiente el encarcelamiento de los líderes de organizaciones y movimientos sociales, tanto indígenas como no indígenas. Existen pues, en tal sentido, presos políticos. Diez años después de Acteal sigue siendo necesario recordar la matanza, sus causas y protagonistas. La tarea de evitar nuevos Acteales pasa por la pervivencia de la lucha contra la impunidad entendida en sentido amplio: ninguna vulneración de derechos sociales, culturales, económicos, políticos y civiles debería quedar sin respuesta. Por ello, la CCIODH interpela a todos los actores sociales y políticos, tanto mexicanos como internacionales, a que ejerzan una función activa de control y supervisión de la actuación de los poderes tanto públicos como privados. En este sentido, la Comisión hace público su compromiso de mantenimiento de la labor de observación civil iniciada hacer ya cerca de diez años.

Por diferentes noticias de prensa, se ha filtrado la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a favor este miércoles día 12 sobre el recurso presentado para revisar los expedientes de 57 personas condenadas por la masacre de Acteal, recurso que permitirá la puesta en libertad de 40 de estas personas por considerar que fueron juzgados y condenados sin garantías a sus derechos y con graves irregularidades..

El día 16 de enero de 1998 el Parlamento europeo hizo pública la siguiente declaración referido al caso Acteal: « La protección de los derechos humanos en México se debilita por el hecho de que tantos autores de graves violaciones queden impunes »,. Sorprende cuando no indigna que 11 años después la resolución de la Suprema Corte resuelva que 40 de los condenados por la masacre puedan quedar en libertad por defectos de forma.

Como hemos podido obsevar y dictaminar en nuestra experiencia de más de diez años sobre la observación de los derechos humanos en México, es esta una norma. Las dificultades sobre el debido proceso ocurren con toda normalidad en la mayoría de los casos: Chiapas, Atenco, Oaxaca, Guerrero, etc… No son condición para que la justicia dictamine en su contra y revoque las sentencias que se han dado bajo estas condiciones. Incluso los dictámenes de la Suprema Corte así lo han mantenido en la mayoría de sus resoluciones ratificando la impunidad y la subordinación de la justicia a los intereses políticos. Baste recordar su resolución sobre el caso Atenco como antes los casos de Lydia Cacho o las controversias constitucionales sobre la Ley Indígena, corroborando la falta de independencia judicial con respecto al poder político.

La masacre de Acteal impactó al mundo por la gravedad de los hechos ocurridos. La lucha por señalar y llevar ante los tribunales a los responsables intelectuales de la masacre ha sido una constante durante estos años, la falta de realización de órdenes de captura, la no localización de las armas con las que se cometieron los crímenes de les humanidad, el no procesamiento de los responsables políticos de la masacre, tanto por parte de las Abejas como de las organizaciones nacionales e internacionales no ha cesado en estos años.

La Corte aceptó la investigación sobre estos hechos con argumentos que se vuelven en su contra. Es verdad que las investigaciones en México, como norma, se hacen sin respeto a las reglas de obligado derecho. Es verdad que no hubo traductores pero en ningún caso exculpa por gran cantidad de pruebas y testimonios que señalan que ellos fueron actores de los crímenes por los que fueron juzgados y condenados. En otros casos tanto la SCJN como los tribunales estatales y federales no han aceptado estos argumentos, baste recordar el caso de los indígenas de Bachajón o los condenados por el caso Atenco. ¿Porqué este doble rasero de la justicia?

La Comisión puede demostrar que la respuesta no sé da tanto en el ámbito jurídico como en el político, acostumbran a ser razones de índole distinta a las jurídicas las que explican sentencias de este tipo. La puesta en libertad de los inculpados por la masacre implicará el aumento del miedo sobre las personas sobrevivientes, puesto que retornarán a sus poblaciones de origen aunque las armas con las que se realizó el crimen no hayan sido encontradas.

Los grupos que hoy apoyan esta resolución en Chiapas, conforman nuevas alianzas en una situación explosiva, se alian con los podereres locales, estatales y federales, herederos de los grupos paramilitares, nunca reconocidos en las investigaciones de la PGR, que suponen una alerta ante situaciones de violencia bajo el amparo institucional y con el beneplácito de sentencias como la que nos ocupa. En resumen, una situación de impunidad agravada bajo sentencias judiciales cuya misión debería ser la contraria: dar garantías y seguridad a las personas y comunidades afectadas por esta violencia como es el caso emblemático de Acteal.

Los sobrevivientes de Acteal se niegan a reconocer como cerrado el caso en la medida en que no han sido juzgados los responsables intelectuales de la masacre y se encuentran hoy con que la Suprema Corte, lejos de investigar estos hechos, reconocen como inocentes a 40 personas que han sido inculpados y juzgados como autores por parte de las víctimas.

Sorprende que tanto la PGR como los grupos parlamentarios respondan con urgencia que acatarán la sentencia y justifican como graves los hechos ocurridos, mientras que ante otros hechos como lo fueron el caso Atenco y los que ocurren constantemente en Chiapas y en otros estados de la República no hayan manifestado la misma preocupación. Los procedimiemtos de justicia en México son cuestionados por la mayoría de organizaciones de derechos humanos tanto a nivel nacional e internacional.

No esperamos actos de justicia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero sí alertamos sobre las consecuencias de sus decisiones. Consecuencias que ponen en cuestión el estado de derecho y que corroboran los caminos hacia la impunidad de los autores de tales delitos mientras dejan en la indefensión a las víctimas. Lamentamos que así cocurra y mantenemos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos en contra de la utilización arbitraria de estos.

Boletín de prensa nº 40:

Sobre la situación en México y las nuevas vulneraciones

a los derechos humanos en Chiapas

Este mes de junio se cumple un año de la publicación del informe de la VI Visita de la CCIODH, presentado en México y entregado a las organizaciones, personas e instituciones que dieron su aval para la realización de nuestro trabajo, así como a las instituciones internacionales con responsabilidad en la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos.

Un año más tarde, la CCIODH denuncia que la situación en cuanto a asesinatos, amenazas, represión y encarcelamientos injustificados se ha agravado. Dichas vulneraciones han sido oportunamente denunciadas en boletines posteriores a la entrega del informe:

– Ante la masacre de 6 indígenas en la comunidad de Chinkultik (Miguel Hidalgo, Chiapas) 10/10/2008

– México y la Unión Europea establecen « Asociación Estratégica ».20/10/2008.

– Ante el segundo aniversario del 25 de noviembre de 2006: « Justicia para Oaxaca ». 24/11/2008.

– Ante la discusión del dictamen sobre Atenco de la SCJN: Justicia o Impunidad. 7/02/2009.

– SCJN: En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de estado. 15/02/2009.

En las Conclusiones y Recomendaciones de la VI Visita señalábamos:

« La CCIODH advierte que en la actualidad continúan apareciendo numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. Este hecho no favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto para la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no se ha avanzado realmente en este aspecto. Especialmente inquietante resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos consistente en la consideración de denuncias falsas, el uso del maltrato físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorias y el valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial. Este modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia, en el que participan además particulares en connivencia con las autoridades ». « Desde nuestros primeros informes hemos venido destacando la presencia de grupos paramilitares así como recomendando su disolución y desarme. Lamentablemente, seguimos detectando tanto la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de la seguridad pública. En algunas áreas geográficas de Chiapas su actividad incluso ha aumentado »

Desgraciadamente estas conclusiones no sólo siguen siendo válidas sino que se han visto ratificadas con las detenciones en abril pasado de 8 indígenas de la comunidad de San Sebastián Bachajón, acusados de asalto sin presentación de pruebas válidas, sometidos a malos tratos. Un mes y medio después 7 de los detenidos permanecen en prisión.

Durante nuestra visita, presentamos una denuncia grave (rueda de prensa el día. 6 de febrero de 2008) tras visitar en el Cereso de Playas de Catazajá a Eliseo Silvano Jiménez y a su hijo Eliseo Silvano Espinosa, detenidos el día 1 de febrero de 2008 acusados de realizar un asalto. Los dos son bases de apoyo zapatistas y el Sr. Eliseo Silvano Jiménez es además responsable comunitario.

En las detención de estas dos personas se dan muchas similitudes con las ocurridas recientemente. Según denunció entonces la Junta de Buen Gobierno de Morelia, (comunicado del 2 de febrero de 2008), se denunciaron los asaltos realizados en la zona por parte de miembros de la OPDDIC en connivencia con elementos de la Policía Estatal de Caminos. Los detenidos fueron torturados y se les fabricaron delitos por su oposición a los proyectos de desarrollo del Gobierno, en contra de la decisión de las propias comunidades (en este caso en la zona de Agua Azul).

Con motivo de las últimas detenciones, la misma Junta de Buen Gobierno, (comunicado del 07/05/2009), ha denunciado la misma connivencia y el mismo patrón con los mismos responsables en la zona de Agua Clara, también por la disputa de un balneario, un banco de grava y el proyecto de construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque.

En el caso de los indígenas Eliseo Silvano Jiménez y a su hijo Eliseo Silvano Espinosa, fueron puestos en libertad unos días después tras las gestiones y denuncias de diferentes organizaciones. En el caso de los indígenas de San Sebastián Bachajón correspondería actuar de la misma manera ante unas actuaciones realizadas sin derecho al justo proceso y con denuncias graves por torturas y maltratos.

Como manifestamos tras la masacre de Chinkultik: « Son muy graves los hechos ocurridos y las reacciones oficiales repiten los patrones denunciados en México a saber: la criminalización de la protesta social, la falta de solución política y dialogada a los conflictos; las indemnizaciones como forma de tapar la responsabilidad institucional ante la necesidad de hacer justicia y dar satisfacción a las demandas de las comunidades; la delimitación de responsabilidades sobre funcionarios en un nivel mínimo que no conlleva ni tan siquiera condenas firmes y la falta de procesamiento de los responsables ». « Todo ello pone en cuestión el funcionamiento de la justicia, de los cuerpos de seguridad del estado y de los responsables políticos que no atacan las causas de raíz. Una matanza más en Chiapas que anuncia más impunidad y defiende un patrón de actuación que se ha manifestado como ineficaz e injusto ».

Las acciones de los diferentes niveles de gobierno en Chiapas, Oaxaca y Atenco nos ratifican en la necesidad de denunciar la impunidad de que gozan los servidores públicos en México y en la necesidad de mantener la denuncia para conseguir la libertad de los presos de conciencia por defender los legítimos derechos de sus comunidades.

Como parte de la sociedad civil internacional nos vemos en la obligación de mantener la presencia, la observación, la vigilancia y la denuncia de estos hechos como único camino viable en la defensa de los derechos humanos, frente a la inexistente respuesta por parte de las autoridades responsables.

Barcelona, a 3 de junio de 2009

Comisión de Prensa