12/02/08

CCIODH – Boletín nº 11

11º Boletín: A la Sra. Mª Morales, Directora Gral. de Cuarto Poder

A LA SRA. MARÍA MORALES RUÍZ, DIRECTORA GENERAL DE CUARTO PODER

La Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH)

EXPONE

PRIMERO: Que en la edición de su periódico del día de hoy, 11 de febrero, aparece una noticia relativa a la rueda de prensa celebrada por la CCIODH en San Cristóbal de las Casas donde se presentaban las conclusiones y recomendaciones provisionales de nuestra visita al Estado de Chiapas.

SEGUNDO: El titular de esta noticia era literalmente el siguiente: « CCIODH: terminó época de terror de Mariano Herrán cuando se fabricaron delitos y crearon víctimas. Fue Pablo Salazar el mayor represor ». Con ese titular parece evidente que se atribuye a la CCIODH esas afirmaciones.

TERCERO: Además en el texto de la nota se realizan literalmente las siguientes afirmaciones: « el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, integrantes de organizaciones sociales, de defensa de los derechos humanos, de asociaciones campesinas, de grupos y comunidades indígenas, así como a familiares de ex presos que calificaron a gobiernos anteriores como represores de la libertad de expresión y culpables de la persecución a líderes sociales, señalando particularmente y de manera reiterada al ex Fiscal General del Estado, Mariano Herrán Salvatti ».

A continuación se afirma que la CCIODH « informó acerca del seguimiento de los casos de persecución a líderes sociales, de organismos campesinos y comunidades indígenas, a través de un video documental, proyectado en el mismo evento, la forma en que fueron detenidos, « sufriendo violaciones a sus derechos humanos, recibiendo castigos físicos y psicológicos permanentes ». Esta afirmación a continuación del párrafo anterior hace entender que el caso denunciado tuvo lugar precisamente en el período gubernamental anterior, bajo el gobierno de Pablo Salazar, y que en la actualidad -bajo el gobierno de Juan Sabines- estos hechos dejan de producirse.

Finalmente, se concluye afirmando que « destacaron las declaraciones de familiares y afectados, quienes señalaron que « los represores » fabricaban el delito de una forma bastante vulgar y con una impunidad manifiesta, « ya que lo pudimos observar directamente, incluso las declaraciones sufrían muchas contradicciones que no se sustentaban en absoluto, sin justificarse la detención, ni las graves acusaciones que sobre los agraviados correspondía, observamos también la actitud judicial y las irregularidades que se daban ».

CUARTO: Todas las anteriores afirmaciones se presentan como verdaderas en cambio son radicalmente opuestas a las que se manifestaron en esa rueda de prensa. Todos los periodistas y más de 70 asistentes a la rueda de prensa pudieron escuchar que ninguna de las anteriores afirmaciones fueron pronunciadas por ninguno de los portavoces de la CCIODH. Nadie afirmó que « terminara la época de terror de Mariano Herrán cuando se fabricaron delitos y crearon víctimas » ni tampoco del contexto de la rueda pudo llegar a entenderse que el caso objeto del vídeo tuviera lugar durante el gobierno del anterior gobernador. Si se hubiera asistido a la rueda de prensa o tan sólo se hubieran leído las conclusiones y recomendaciones provisionales hechas públicas ese día y colgadas en la página web de la comisión (http://cciodh@pangea.org), se hubiera podido observar cómo el hecho denunciado en el vídeo tuvo lugar la semana pasada y cómo se presentó por la CCIODH, precisamente, como un patrón de irregular actuación contrainsurgente que se desarrolla todavía actualmente en el Estado de Chiapas. Efectivamente es en el presente período gubernamental en el que todavía aparecen casos en los que los distintos cuerpos policiales proceden a la detención de personas inocentes a partir de denuncias falsas, con la colaboración de grupos paramilitares, se les imputan hechos no realizados, se les arranca autoinculpaciones bajo tortura, se les procesa exclusivamente sobre la base de esas autoinculpaciones realizadas bajo tortura, todo ello en un proceso penal repleto de irregularidades procesales. La conclusión número 9 recoge expresamente el siguiente contenido: « La CCIODH advierte que en la actualidad continúan apareciendo numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. Este hecho no favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto para la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no se ha avanzado realmente en este aspecto. Especialmente inquietantes resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos consistente en la consideración denuncias falsas, el uso del maltrato físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorios y el valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial. Este modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia, en el que participan además particulares en connivencia con las autoridades ».

QUINTO: La forma cómo se ha presentado esta noticia en su periódico constituye una falta de rigor profesional, al no haberse procedido a contrastar suficientemente la misma. Además -si como parece- la noticia publicada ha sido redactada sobre un comunicado de prensa emitido por el Gabinete de comunicación del Gobierno del Sr. Juan Sabines, queremos también manifestar nuestra preocupación por los peligros de manipulación sobre los medios de comunicación por parte del presente gobierno.

Por todo ello, por la presente

SOLICITA

Que en ejercicio de nuestro legítimo derecho a la rectificación, se proceda en la próxima edición de su periódico a publicar de nuevo en la misma forma y extensión que la noticia de hoy una nueva noticia en la que se rectifiquen esos errores aclarando que el hecho objeto del vídeo tuvo lugar la semana pasada bajo el gobierno de Juan Sabines y que la denuncia de la CCIODH es precisamente que estos patrones de conducta continúan realizándose actualmente en el Estado de Chiapas.

En Oaxaca, a once de febrero de 2008