25/11/08

CCIODH – Boletín nº 35, 36 y 37

BOLETÍN DE PRENSA Nº 37

DE LA VI VISTA DE LA CCIODH (COMISIÓN CIVIL

INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS)

Ante el segundo aniversario del 25 de noviembre de 2006: « Justicia para Oaxaca »

Este martes 25 de noviembre de 2008 se cumplen dos años de que se dieron

los graves enfentamientos en la ciudad de Oaxaca provocados por la

intervención de la PFP (Policía Federal Preventiva) en contra de los

manifestantes de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.).

Fueron detenidas 139 personas, recluidas en diferentes penales del

estado y al día siguiente trasladadas al CEFERESO de San José del Rincón

en el estado de Nayarit. Estos hechos, sumados a los largos meses de

conflicto en el estado de Oaxaca, originaron la realización de la V

Visita de la CCIODH en los meses de diciembre de 2006 y enero del 2007

para la realización del informe de la situación en Oaxaca así como la VI

Visita de Evalucación a los estados de Chiapas, Oaxaca y Atenco (Estado

de México) en febrero de 2008.

El conflicto de Oaxaca ha tenido un saldo represivo que provocó la

muerte de 23 personas, la detención de más de 450 y una larga serie de

denuncias por delitos de tortura, tratos crueles y degradantes,

desaparición forzada de personas así como privación ilegal de la

libertad durante los mese de mayo a noviembre de año 2006.

Dos años después la situación de impunidad denunciada entonces se

mantiene en los mismos términos. No se han producido procesamientos de

funcionarios públicos como autores materiales e intelectuales de las

graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el coflicto de

Oaxaca y la desprotección de las personas afectadas es manifiesta.

Como ya señalamos en las Conclusiones sobre nuestro informe: « La CCIODH

advierte con preocupación que un año después de la anterior visita, la

situación de los derechos humanos en Oaxaca permanece en un estado

extremadamente crítico » Manifestamos nuestra preocupación por: « la falta

de legitimidad social del sistema institucional en su conjunto.

Especialmente inquietante es la percepción generalizada sobre la falta

de independencia del poder judicial y la escasa utilidad de los

organismos oficiales de protección de los derechos humanos »

« La CCIODH advierte que, un año más tarde de la anterior visita, no se

ha avanzado en absoluto en el cumplimiento de nuestras recomendaciones.

No se han atendido las causas originales del conflicto, ni se han tomado

las medidas necesarias para evitar la continuidad de la vulneración de

derechos. En el año 2007 ha perdurado -e incluso se ha sofisticado- el

clima de hostigamiento sobre los movimientos sociales ».

La CCIODH quiere expresar su preocupación por el giro que ha tomado la

investigación acerca del asesinato de Roland Bradley Will, el 26 de

octubre de 2006.

En fecha reciente, la PGR dio a conocer resultados que increpan varias

personas identificadas con la APPO, volviendo así a la versión brindada

por el ministerio público oaxaqueño, misma que la propia PGR había

desestimado.

Es especialmente grave que el caso regrese al fuero común del estado de

Oaxaca y, sobre todo, que se disimule la presencia de funcionarios

armados y policías en las pruebas de los hechos, quienes apuntaban,

entre otros, a quien los estaba grabando, el fallecido Brad Will.

Respecto a la situación de los periodistas, uno de los puntos que

durante sus visitas la CCIODH señaló con mayor insistencia fue

precisamente el regreso casi sistemático al fuero común de los casos

presentados, con todos los riesgos que esta situación conlleva para los

denunciantes.

El pasado 25 de octubre, esta inquietante situación se ha visto

corroborada por los actos de torturas a los cuales fue sometido el

periodista del diario Noticias, Pedro Matias Arrazola. Es en efecto

notorio que aquel periódico y sus colaboradores sean desde hace años

blanco de ataques emanados directamente de grupos afines al gobierno

estatal. Estos hechos han sido ampliamente documentados y denunciados a

nivel internacional, llegando incluso a que, en noviembre 2005, la CIDH

emitiera medidas cautelares a favor del director y de 116 trabajadores

del diario e instara a las autoridades estatales a garantizar su

seguridad e integridad.

La CCIODH está sumamente preocupada por el hecho de que, dados los

antecedentes de la investigación sobre el asesinato de Bradley Will, los

atropellos contra periodistas, y en particular los actos de barbarie

perpetrados en contra de Pedro Matías Arrazola, así como la persecución

a radios locales y comunitarias, no encuentren, ni a nivel estatal ni a

nivel federal, cauces para ser dirimidos con la diligencia y la

imparcialidad que en materia de justicia todo ciudadano está en derecho

de exigir.

Al contrario, en el caso de Bradley Will, las señales dadas por las

órdenes de aprehensión en contra de simpatizantes de la APPO parecen

apuntar a una voluntad de seguir estigmatizando y criminalizando los

movimientos sociales mas que de asumir todas las consecuencias que

significaría acabar con la situación de impunidad imperante en las

instituciones mexicanas.

Barcelona, a 24 de noviembre de 2008.

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

C/ de la Cera, 1 bis.

08001 Barcelona

cciodh@pangea.org

http://cciodh.pangea.org


Boletín nº 36

México y la Unión Europea establecen « Asociación Estratégica »

Tras la presentación el pasado 2 de julio en el Parlamento Europeo del

informe sobre la situación de los derechos humanos en México elaborado

por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos

Humanos (CCIODH), el eurodiputado de Izquierda Unida y Vice Presidente

de la Asamblea Eurolatinoamericana Willy Meyer, dirigió una pregunta a

la Comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad,

Sra. Benito Ferrero Waldner, que fue contestada asegurando que « el

compromiso de la Unión Europea en la promoción de los derechos humanos

es un elemento esencial de los acuerdos bilaterales con terceros países ».

En el contexto de tal aseveración, la CCIODH considera necesario

recordar lo recogido en las conclusiones y recomendaciones de nuestra VI

visita:

« La CCIODH considera que la situación de los derechos humanos en México

es extremadamente crítica. Independientemente del ámbito al que afecten,

la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas

convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de

las mismas »;

« La CCIODH ha podido comprobar que durante el mandato del actual

gobierno no se ha avanzado sustancialmente en las recomendaciones que

realizamos en visitas anteriores. Tanto en el caso de Chiapas, como en

los de Oaxaca y Atenco, siguen produciéndose de nuevo vulneraciones de

derechos humanos ya advertidas, sin que se haya actuado con seriedad ni

contra sus principales responsables, ni respecto de las razones que las

originan. Por ello, la CCIODH se ve obligada a ratificarse en las

conclusiones y recomendaciones realizadas en los anteriores informes;

Especialmente referida al papel de la Unión Europea, la CCIODH asegura

en su informe que « considera prioritario que las instituciones de la

Unión Europea implementen a la mayor brevedad posible mecanismos que

permitan monitorear el cumplimiento de las exigencias de la cláusula

democrática incluida en el Acuerdo Global con la República de México ».

La Unión Europea no se ha manifestado en referencia al acuerdo con

México respecto a las graves violaciones a los derechos humanos

señaladas por diferentes organizaciones independientes tanto nacionales

como internacionales.

Estos hechos se vuelven especialmente relevantes en el contexto de la

nueva propuesta de Asociación Estratégica UE-México, comunicada por

parte de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo el pasado 15 de

julio y que ha recibido ya por parte del Parlamento Europeo de una

Recomendación dirigida al Consejo (15/09/2008), en la que se da el visto

bueno para la constitución de esta Asociación que ampliaría el Acuerdo

de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre

México y la Unión Europea -Acuerdo Global – firmado en 1997 y en vigor

desde el año 2000.

Resulta necesario señalar que en el parágrafo E de la propuesta de la

mencionada Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo

del 15.09.2008 , se afirma que « considerando que esta clase de

asociaciones estratégicas deben contribuir también a fomentar el

bienestar de los socios euro-latinoamericanos para alcanzar sociedades

más integradoras y cohesionadas, en las que el respeto al Estado de

Derecho, a los valores y principios de la democracia y a los derechos

humanos prevalezca en un marco de solidaridad e igualdad, tal como se

decidió en Lima ».

Esta afirmación se contradice con la evaluación y situación respecto a

la vigencia de los Derechos Humanos en México tal como se documenta en

su VI Informe de la CCIODH.

La CCIODH considera oportuno resaltar que una delegación del Parlamento

Europeo estará en México del lunes 27 de octubre hasta el viernes 31 de

octubre para participar en la VII Reunión de la Comisión Parlamentaria

Mixta Unión Europea-Estados Unidos Mexicanos. La CCIODH espera que en la

visita sirva para que la delegación atienda y reciba denuncias de las

graves violaciones ocurridas en los últimos días y la falta de respuesta

por parte de las autoridades de los diferentes niveles del estado en

cuanto a la impunidad con que se realizan y que actúe en consecuencia,

poniendo por encima de los intereses económicos y comerciales, el

respeto de los derechos humanos individuales y colectivos.

Barcelona, a 20 de octubre de 2008.

Comisión de Prensa de la CCIODH

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Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelona

cciodh@pangea.org

http://cciodh.pangea.org

Boletín de prensa nº 35

Ante la masacre de 6 indígenas en la comunidad

de Chinkultik (Miguel Hidalgo, Chiapas)

El pasado día 3 de octubre, se llevó a cabo un operativo policial en la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria (Chiapas) en el que participaron elementos de seguridad pública, y Procuración de Justicia a nivel estatal y federal para ejecutar diferentes órdenes a partir de la averiguación previa con motivo de la toma del predio del centro ceremonial de Chinkultik por parte de la comunidad.

Como resultado de este operativo, 6 campesinos indígenas fueron asesinados, lesionados de diversa gravedad dieciseis personas y treinta y seis indígenas detenidos.

Según el Ministro de Justicia de Chiapas, este operativo se llevó a cabo en coadyuvancia con las autoridades federales en respuesta a la denuncia presentada por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) para restituir a la Federación el Parque Nacional Lagos de Monte Bello y la zona arqueológica de Chinkultik.

Sobre las 11 de la mañana del día 3, se inció el operativo con la participación de unos 40 elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial quienes ingresaron en la comunidad de forma violenta, tirando gases lacrimógenos y allanando domicilios. Los habitantes de la comunidad, los desarman, enecerrándolos en la Casa Ejidal. Posteriormente, sobre las 17,30 horas, 300 elementos de las mismas policías, ingresan en la comunidad con lujo de violencia produciéndose un enfrentamiento, los policías disparan sus armas de fuego hiriendo a varias personas, dos de ellas Ignacio Hernández López y Ricardo Ramírez Ramírez, quienes fallecen mientras son trasladados al Hospital de Amparo Agua Tinta (municipio de Las Margaritas).

El Sr. Agustín Alfaro Alfaro junto con su esposa Eloisa Margarita Espinoza Morales, que llevaba en brazos a uno de sus hijos acuden con su vehículo para trasladar a diversos heridos. Suben a su camioneta a Rigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez López y Miguel Martínez García para llevarlos al hospital más cercano. En el camino son interceptados por un retén de la Policía Estatal Preventiva quien les dispara. Al bajarlos, son ejecutados quedando herido Miguel Martínez, la señora y su hijo resultan ilesos.

Las 36 personas detenidas fueron trasladados a San Cristóbal de las Casas y a la Trinitaria y posteriormente liberados el 5 de octubre a las 21 horas a cambio de las armas y objetos sustraídos a los policías por parte de la comunidad. Permanecen heridos por arma de fuego 6 personas que continúan hospitalizadas

El 7 de septiembre pasado, ejidatarios del poblado Miguel Hidalgo se apoderaron de la administración de la zona arqueológica Chinkultik porque consideraron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le había dado mantenimiento adecuado y usufructúaba excesivamente el sitio sin que ello genere beneficios para las comunidades de la zona.

Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.

En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo a pesar de que las negociaciones con las autoridades comenzaron poco después de que las comunidades tomaran posesión de las instalaciones. La más reciente reunión con funcionarios estatales se efectuó este jueves pasado y habían acordado seguir platicando, pues les ofrecieron apoyos por más de 600 mil pesos para cosechar jitomates, aguacates y duraznos, propuesta que en principio fue rechazada por los ejidatarios. Estos manifestaron: « Preguntamos al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines: ¿por qué nos mandaron matar si un día antes habíamos tenido un diálogo con las autoridades para resolver el problema? ».

El Gobierno del Estado informó que fueron giradas órdenes de presentación a un total de 313 personas vinculadas con estos hechos. Las órdenes de presentación son para 31 agentes del Grupo Táctico de la Policía Ministerial del estado, cuatro peritos de la Dirección de Servicios Periciales del Ministerio de Justicia estatal, y el resto, a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El gobierno chiapaneco confirmó también la sindicación de cinco policías estatales preventivos: Amilcar Corzo Díaz, Javier Moreno Estrada, Juan García Villatoro, Juan Carlos Camacho Teco y Consuelo Espinoza Sánchez, quienes permanecen en calidad de presentados y sujetos a investigación por su presunto vínculo en el delito de homicidio.

El gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, llego la noche del domingo día 5 a la colonia Cárdenas, en este municipio, en donde sostuvo una reunión a puerta cerrada con autoridades ejidales de Hidalgo, La Trinitaria y familias afectadas. La administración de Juan Sabines anunció que firmó ya una minuta con ejidatarios, en la cual se determinan, entre otros acuerdos, la indemnización a los deudos de las víctimasEn ambos casos -Centro Ceremonial de Chinkultic y Parque Nacional Lagunas de Montebello- los indígenas tojolabales de las comunidades que en septiembre pasado realizaron su toma pacífica, reivindicaban con ello su justo derecho al territorio y a recuperar y administrar su patrimonio natural y cultural ancestral, tal como lo reconoce la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que « los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos ». También el Convenio 169 de la OIT suscrito por México el 5 de septiembre de 1990 cuyo artículo 14 dice así: « deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia ». Según el art. 133 de la Constitución Mexicana, los convenios internacionales tienen rango y norma constitucional.

Es ya una práctica recurrente en Chiapas así como en México, que está Comisión ha podido documentar en sus informes, la respuesta por parte del estado a los conflictos sociales mediante la represión, criminalizando expresiones justas de la protesta mediante operativos policiales desmedidos que se ejercen en una total impunidad. A pesar de la detención y procesamiento de algunos elementos de la policía por las graves violaciones cometidas en este operativo, queda constancia de no haber sido afectados los responsables en la línea de mando así como los responsables políticos de tales hechos. En algunos caso esta respuesta inmediata no se corresponde con delimitación de responsabilidades y las sentencias correspondientes sino que terminan en meras sanciones administrativas como es el caso reciente de Atenco El recurso inmediato a las indemnizaciones económicas tanto a las familias como a la comunidad mediante apoyos que en ningún caso resarcen el daño ni satisfacen las demandas de justicia, hacen crecer la sospecha de que con ellas, lo que se pretende es mantener la impunidad sin ejercer la justicia contra los funcionarios públicos responsables.

Ya alertamos en nuestra última visita a Chiapas sobre la situación de alarma ante los conflictos derivados de la tierra y el territorio. El caso de Agua Azul lo situamos como un caso paradigmático en el que confluyen los proyectos del estado frente a la autonomía de las comunidades y que tuvo también su decuncia por agresión y tortura por parte de policías del estado implicados con parmilitares de la OPDDIC. También hay que recordar la masacre de Acteal que a más diez años de los hechos sigue sin haberse cerrado en cuanto a los responsables intelectuales de la matanza, negándose los familiares y la comunidad a aceptar el acuerdo por parte del gobierno del estado.

Son muy graves los hechos ocurridos en Chikultik y las reacciones oficiales repiten los patrones denunciados en México a saber: la criminalización de la protesta social, la falta de solución política y dialogada a los conflictos; las indemnizaciones como forma de tapar la responsabilidad institucional ante la necesidad de hacer justicia y dar satisfacción a las demandas de las comunidades; la delimitación de responsabilidades sobre funcionarios en un nivel mínimo que no conlleva ni tan siquiera condenas firmes y la falta de procesamiento de los responsables.

Todo ello pone en cuestión el funcionamiento de la justicia, de los cuerpos de seguridad del estado y de los responsables políticos que no atacan las causas de raíz. Una matanza más en Chiapas que anuncia más impunidad y defiende un patrón de actuación que se ha manifestado como ineficaz e injusto.