3/06/09

CCIODH – Boletín nº 40

Sobre la situación en México y las nuevas vulneraciones a los derechos humanos en Chiapas

Este mes de junio se cumple un año de la publicación del informe de la VI Visita de la CCIODH, presentado en México y entregado a las organizaciones, personas e instituciones que dieron su aval para la realización de nuestro trabajo, así como a las instituciones internacionales con responsabilidad en la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos.

Un año más tarde, la CCIODH denuncia que la situación en cuanto a asesinatos, amenazas, represión y encarcelamientos injustificados se ha agravado. Dichas vulneraciones han sido oportunamente denunciadas en boletines posteriores a la entrega del informe:

– Ante la masacre de 6 indígenas en la comunidad de Chinkultik (Miguel Hidalgo, Chiapas) 10/10/2008

– México y la Unión Europea establecen « Asociación Estratégica ».20/10/2008.

– Ante el segundo aniversario del 25 de noviembre de 2006: « Justicia para Oaxaca ». 24/11/2008.

– Ante la discusión del dictamen sobre Atenco de la SCJN: Justicia o Impunidad. 7/02/2009.

– SCJN: En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de estado. 15/02/2009.

En las Conclusiones y Recomendaciones de la VI Visita señalábamos:

« La CCIODH advierte que en la actualidad continúan apareciendo numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. Este hecho no favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto para la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no se ha avanzado realmente en este aspecto. Especialmente inquietante resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos consistente en la consideración de denuncias falsas, el uso del maltrato físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorias y el valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial. Este modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia, en el que participan además particulares en connivencia con las autoridades ». « Desde nuestros primeros informes hemos venido destacando la presencia de grupos paramilitares así como recomendando su disolución y desarme. Lamentablemente, seguimos detectando tanto la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de la seguridad pública. En algunas áreas geográficas de Chiapas su actividad incluso ha aumentado »

Desgraciadamente estas conclusiones no sólo siguen siendo válidas sino que se han visto ratificadas con las detenciones en abril pasado de 8 indígenas de la comunidad de San Sebastián Bachajón, acusados de asalto sin presentación de pruebas válidas, sometidos a malos tratos. Un mes y medio después 7 de los detenidos permanecen en prisión.

Durante nuestra visita, presentamos una denuncia grave (rueda de prensa el día. 6 de febrero de 2008) tras visitar en el Cereso de Playas de Catazajá a Eliseo Silvano Jiménez y a su hijo Eliseo Silvano Espinosa, detenidos el día 1 de febrero de 2008 acusados de realizar un asalto. Los dos son bases de apoyo zapatistas y el Sr. Eliseo Silvano Jiménez es además responsable comunitario.

En las detención de estas dos personas se dan muchas similitudes con las ocurridas recientemente. Según denunció entonces la Junta de Buen Gobierno de Morelia, (comunicado del 2 de febrero de 2008), se denunciaron los asaltos realizados en la zona por parte de miembros de la OPDDIC en connivencia con elementos de la Policía Estatal de Caminos. Los detenidos fueron torturados y se les fabricaron delitos por su oposición a los proyectos de desarrollo del Gobierno, en contra de la decisión de las propias comunidades (en este caso en la zona de Agua Azul).

Con motivo de las últimas detenciones, la misma Junta de Buen Gobierno, (comunicado del 07/05/2009), ha denunciado la misma connivencia y el mismo patrón con los mismos responsables en la zona de Agua Clara, también por la disputa de un balneario, un banco de grava y el proyecto de construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque.

En el caso de los indígenas Eliseo Silvano Jiménez y a su hijo Eliseo Silvano Espinosa, fueron puestos en libertad unos días después tras las gestiones y denuncias de diferentes organizaciones. En el caso de los indígenas de San Sebastián Bachajón correspondería actuar de la misma manera ante unas actuaciones realizadas sin derecho al justo proceso y con denuncias graves por torturas y maltratos.

Como manifestamos tras la masacre de Chinkultik: « Son muy graves los hechos ocurridos y las reacciones oficiales repiten los patrones denunciados en México a saber: la criminalización de la protesta social, la falta de solución política y dialogada a los conflictos; las indemnizaciones como forma de tapar la responsabilidad institucional ante la necesidad de hacer justicia y dar satisfacción a las demandas de las comunidades; la delimitación de responsabilidades sobre funcionarios en un nivel mínimo que no conlleva ni tan siquiera condenas firmes y la falta de procesamiento de los responsables ». « Todo ello pone en cuestión el funcionamiento de la justicia, de los cuerpos de seguridad del estado y de los responsables políticos que no atacan las causas de raíz. Una matanza más en Chiapas que anuncia más impunidad y defiende un patrón de actuación que se ha manifestado como ineficaz e injusto ».

Las acciones de los diferentes niveles de gobierno en Chiapas, Oaxaca y Atenco nos ratifican en la necesidad de denunciar la impunidad de que gozan los servidores públicos en México y en la necesidad de mantener la denuncia para conseguir la libertad de los presos de conciencia por defender los legítimos derechos de sus comunidades.

Como parte de la sociedad civil internacional nos vemos en la obligación de mantener la presencia, la observación, la vigilancia y la denuncia de estos hechos como único camino viable en la defensa de los derechos humanos, frente a la inexistente respuesta por parte de las autoridades responsables.

Barcelona, a 3 de junio de 2009

Comisión de Prensa

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

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