9/02/08

CCIODH – Boletín nº 9

9º Boletín: Conclusiones y recomendaciones provisionales de la VI Visita de la CCIODH. Estado de Chiapas

*CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PROVISIONALES DE LA VI VISITA DE LA

CCIODH. ESTADO DE CHIAPAS. FEBRERO 2008*

Diez años después de nuestra primera visita y, tras el trabajo

desarrollado a lo largo de estos siete días, podemos hacer un balance

provisional del estado de cumplimiento de nuestras anteriores

recomendaciones. La perspectiva histórica que nos ofrece el tiempo

transcurrido desde nuestra primera visita, así como el anuncio por parte

del nuevo gobernador Juan Sabines de dejar atrás algunas de las

prácticas de gobiernos anteriores, justificaba el interés de nuestra

presencia en Chiapas. Después de entrevistarnos con un amplio número de

personas, organizaciones, sectores sociales e instituciones, presentamos

las siguientes

*CONCLUSIONES PROVISIONALES*

1. A 10 años de la masacre de Acteal, la situación social en Chiapas

sigue atravesada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión.

Tales dinámicas afectan a la mayor parte de su población, siendo

especialmente intensa en el caso de las mujeres y de la población

indígena y campesina.

2. Los poderosos obstáculos en el acceso a recursos básicos para la

supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo, se sitúan en

el trasfondo del conjunto de las graves vulneraciones de los derechos

humanos detectadas. Tales dificultades afectan esencialmente a la

posesión de la tierra, el acceso al agua, a la energía y a la

biodiversidad en su conjunto.

3. La desigual e insuficiente satisfacción de servicios básicos en el

terreno educativo y de salud, junto con otras vulneraciones de derechos

sociales y culturales fundamentales explican igualmente la preocupante

situación de los derechos humanos en la región.

4. La existencia de necesidades básicas insatisfechas, junto con la

falta de confianza en los cauces institucionales de participación,

genera procesos de organización social. La reivindicación colectiva

organizada, en efecto, es vista como única vía de realización, siempre

parcial, coyuntural y competitiva, de los intereses y necesidades más

esenciales.

5. En algunos casos la movilización colectiva supera la dimensión

reivindicativa para apostar por respuestas de autotutela de los

derechos. La construcción de las autonomías indígenas de las comunidades

zapatistas es sin duda el ejemplo más avanzado pues genera espacios

propios de participación social, económica y política cuya intensidad

desborda los referentes institucionales y confronta profundas dinámicas

de dominación cultural todavía vigentes.

6. Frente a lo anterior, los poderes públicos han venido respondiendo

con políticas de desarrollo social que no han respetado esta realidad,

ni han incorporado seriamente la participación de las comunidades en el

diseño de las mismas. Por tanto, su implementación viene creando

división y conflictos en muchas comunidades.

7. La política de control y represión de esta movilización colectiva

también ha diseñado contextos de vulneración de derechos humanos. Tal y

como ya se constató en informes anteriores, la presencia militar en la

zona constituye también un elemento que favorece el conflicto. La

continuidad de tal presencia militar resulta desproporcionada y por

tanto es injustificada.

8. La primera visita tuvo como objeto la reacción de la sociedad civil

internacional frente a la masacre de Acteal. En la actualidad -diez años

después- podemos afirmar que la impunidad continúa. La creación, por

parte del nuevo gobierno, de la Fiscalía especializada para el caso de

Acteal no ha logrado ningún avance significativo al respecto. La

detención de sujetos ya condenados por estos hechos, la revisión de las

sanciones administrativas ya impuestas o la firma de acuerdos con la

comunidad sin reconocimiento de la verdad sobre los hechos son

simplemente actos políticos de carácter simbólico, inútiles para el

alcance de la justicia.

9. La CCIODH advierte que en la actualidad continúan apareciendo

numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. Este hecho no

favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el

mejor contexto para la lucha contra las violaciones de derechos humanos.

Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no

se ha avanzado realmente en este aspecto. Especialmente inquietante

resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos

consistente en la consideración denuncias falsas, el uso del maltrato

físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorios y el

valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial. Este

modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de

cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de

organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia, en el

que participan además particulares en connivencia con las autoridades.

10. Desde nuestros primeros informes hemos venido destacando la

presencia de grupos paramilitares así como recomendando su disolución y

desarme. Lamentablemente, seguimos detectando tanto la continuidad de su

presencia como su conexión con agentes de la seguridad pública. En

algunas áreas geográficas su actividad incluso ha aumentado.

11. La CCIODH ha detectado numerosas irregularidades en el

funcionamiento de la justicia que la hacen partícipe del mencionado

modelo de reacción frente a las organizaciones sociales y en especial

contra personas y comunidades indígenas, respecto de las cuales la

indefensión continúa siendo regla general.

*RECOMENDACIONES*

1. La extensión y democratización del acceso a los recursos y servicios

básicos constituye el punto de partida de cualquier avance en la

vigencia de los derechos humanos en Chiapas. Por ello, deberían

abandonarse aquellas políticas de carácter neoliberal que conducen a un

acceso restringido y privatizado a los recursos básicos y que además se

han demostrado insostenibles ecológica y socialmente.

2. Los poderes públicos deben respetar y promover los procesos de

autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, dada su demostrada

capacidad de satisfacción de necesidades básicas.

3. Cualquier programa gubernamental de desarrollo económico y social

deber ser consensuado con los sectores sociales verdaderamente

representativos. Cuando éstos afecten a los intereses de los pueblos

indígenas necesariamente se deberá obtener de los mismos su

consentimiento previo, libre e informado, tal y como exige la

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

4. Constituye una necesidad inaplazable emprender la desmilitarización

de la zona. La presencia militar debe ser estrictamente limitada al

desarrollo de las funciones constitucionalmente señaladas, evitando a

toda costa su incidencia en la vida de las comunidades.

5. Debe procederse definitivamente al desarme y disolución de todos los

grupos paramilitares aún presentes en el Estado, a la persecución

jurídica de sus miembros y máximos responsables y a la depuración de

responsabilidades políticas que se pudieran derivar.

6. Los poderes públicos deben implicarse de inmediato y de manera

contundente en la lucha contra la impunidad. Más allá de reformas

normativas pendientes, es imprescindible la determinación política para

acabar con este fenómeno.

7. Debe abandonarse toda práctica de utilización del sistema punitivo

para criminalizar y reprimir los movimientos y las organizaciones

sociales. En este sentido, es necesario introducir reformas tendentes a

eliminar las situaciones de indefensión, abuso de poder, vulneración del

principio de presunción de inocencia, construcción de denuncias falsas,

y la creación de delitos que por su amplitud puedan ser utilizados en

esta dinámica represiva.

8. Es urgente abordar una reforma estructural del sistema de impartición

de justicia que asegure su verdadera accesibilidad, su imparcialidad y

la vigencia de todas las garantías básicas. Debe asegurarse una defensa

de oficio de calidad, la presencia de traductores de confianza que

garanticen los derechos lingüísticos de las personas indígenas y

permitir que las víctimas de sucesos delictivos puedan actuar como parte

en los procesos judiciales, abandonando el monopolio del ministerio

público y con ello evitar sospechas sobre su parcialidad.

9. Por último, la realización de la justicia se constituye como el

elemento imprescindible e inaplazable para construir la memoria

histórica del conflicto.

Sólo sobre el reconocimiento de la verdad es posible construir las bases

para la reparación a los afectados y la solución de los problemas

psicosociales derivados del mismo.

San Cristóbal de las Casas, a 9 de febrero de 2008

Atentamente:

Comisión de Prensa de la CCIODH