14/08/14

Pese a los problemas de señal…

Pese a los problemas de señal que impiden mantener una comunicación con miembros de la Comunidad wichí desde hace dos días, se conoció que se encuentran acampando en la finca en la cual la Secretaría de Ambiente autorizó el desmonte de más de seis mil hectáreas netas en zonas que ellos reclaman como su territorio.
La decisión de los referentes indígenas de esa zona se había establecido luego de que las topadoras cuadricularon el terreno para poder hacer picadas y cadenear el monte. Esto es: extender una cadena de gran grosor que se tensa entre dos topadoras y termina tirando el monte. 

“Estamos en El Arenal Oveja, finca Cuchuy en protesta ante topadoras por desmonte porque el único monte que nos queda”, indicó uno de los referentes de las comunidades, Hugo Díaz, de la comunidad del Chaguaral, al sostener que había unas 60 personas en la zona de la finca del paraje Chorrito y de Corralito. Todas las comunidades están ubicadas en el departamento San Martín.

Una lucha desigual

Las comunidades fueron ante la Corte Suprema de la Nación y el amparo volvió a la Corte de Salta sin tener hasta el momento resolución para manifestarse respecto de los desmontes. Sus objeciones no fueron escuchadas. Y es que este es el único monte que queda en General Ballivián, localidad del departamento San Martín en donde las comunidades han quedado encerradas entre desmontes. Esto implica una vulnerabilidad visible de las comunidades que quedan sin monte que brinde sus recursos (alimento o incluso leña, o productos para artesanías), en una realidad donde las necesidades básicas nunca fueron satisfechas.

Del otro lado surge, según un informe de Greenpeace, que los que aparecen como titulares registrales de estas tierras, Alejandro Braun Peña y Pablo Cusellas.

Los empresarios nombrados son integrantes del directorio de Salta Cotton SA, Latin Bio SA, Cremer y Asociados SA, Hierros SA y Sideco Americana SA, empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri.

Su logro fue la recategorización de las tierras que estaban en la categoría roja y amarilla, donde según establece la Ley de Bosques, se prohíbe desmontar. Pero la Provincia modificó algunas normas para poder avasallar la norma madre.

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